Servicio sobre Videovigilancia

• REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)
• Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.
• Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada
• Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.
• Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997
• Real Decreto 769/1993, de 21 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento para la Prevención de la violencia en los espectáculos deportivos.

 En el ámbito privado los usos más comunes son:

• La seguridad
• El control de accesos
• El control de la productividad y el control laboral

 En el ámbito público las FCSE los gestionan en los ámbitos de:

• Seguridad ciudadana
• Control de tráfico

 Pero no se limita a estos ámbitos sino también a:

• Acceso edificios y salas de juego.
• Entidades financieras.
• Cámaras conectadas a Internet (blogs, pág. web).
• Entornos escolares y menores.
• Espacios públicos de uso privado.
• Medios de transporte (taxis, autobuses…)
• Espectáculos deportivos
• Drones
• Asistenciales en el ámbito de la salud para investigaciones científicas y uses afines
• Webcam con fines turísticos o promocionales

Parece que gestionar estos sistemas puede resultar sencillo sin embargo hay que tener en cuenta numerosos factores legales que requieren de un asesoramiento especializado para determinar, por ejemplo:

• La proporcionalidad de la medida a aplicar en su triple ámbito
• Que se trate de una medida susceptible de conseguir el objetivo propuesto.
• Que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia.
• Que la misma sea ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto.

Estos criterios varían si videovigilamos un colegio o si se trata de una instalación industrial, por lo tanto, hacer un informe previo de la proporcionalidad será punto de inicio necesario para dar legitimidad al tratamiento de datos.

• Además, hay que valorar en función de la finalidad si vamos a necesitar personal cualificado para la gestión y el tratamiento de las imágenes conforme determina la Ley de Seguridad Privada.
• Informar debidamente mediante carteles y clausulas informativas
• Facilitar el ejercicio de los derechos de los interesados
• Mantener controles de acceso
• Evitar zonas de acceso públicas
• Ceder los datos en caso de solicitud de las FCSE conforme a una diligencia previa debidamente documentada
• En los casos de videovigilancia de seguridad ciudadana solo podrá ser tratada por las FCSE previa autorización administrativa de la delegación del gobierno e informe previo de un órgano independiente de ámbito autonómico: la Comisión de Garantías de la Videovigilancia. Debiendo además renovarlas periódicamente justificando la necesidad
• En estos casos los carteles informativos son específicos y en su caso los dispositivos móviles de videovigilancia precisan autorizaciones específicas
• En base al RGPD los sistemas de videovigilancia a gran escala deberán contar con una evaluación de impacto a la protección de datos
• Limitación de los plazos de conservación
• Aplicación de medidas de seguridad

Por todo ello ponemos un completo servicio de asesoramiento en materia de videovigilancia para que el tratamiento de datos le evite riesgos de incumplimiento normativo.